El ataque del coronavirus a las economías ha provocado que los gobiernos tomen una serie de medidas para proteger las economías de sus países. En el caso de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado medidas enfocadas a la protección del control de las empresas estratégicas, debido a la bajada de la capitalización registrada por algunas grandes compañías del Ibex 35. Para poder llevarla a cabo, ha tenido que aprobar la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores.
La aparición del COVID-19 ha supuesto la caída de la Bolsa, lo que ha provocado a su vez una amenaza tanto para las empresas españolas cotizadas como para las no cotizadas que han disminuido su valor patrimonial. Aunque, además de las medidas creadas para proteger a las empresas de quienes buscan gangas, también se han creado medidas de liquidez y protección de personas que son más vulnerables ante esta situación.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, ha modificado la Ley 19/2003 del 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. En ella, se añade un artículo en el que se prohíbe, por motivos de sanidad pública, y de orden y seguridad públicos, la realización de inversiones directas por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
Lo que se intenta evitar es que, durante este momento de mayor debilidad económica, los inversores extranjeros, bien sea una sociedad privada o una entidad controlada por un Estado no miembro de la Unión Europea, se queden con el control de ciertas empresas que son esenciales en nuestro país. Es por eso, que en los sectores estratégicos se limita su control a un máximo del 10% de su capital social y tampoco se permite que estos se queden con el control del órgano de administración de tal empresa.
Tal y como dice la ley «quedan suspendidas aquellas inversiones que, dándose las circunstancias antes señaladas de participación en el capital social y toma de control, procedan de empresas públicas o de control público o de fondos soberanos de terceros países».
Y es que, debido a su baja cotización, estas empresas estarían mucho más indefensas frente a cualquier oferta de compra de inversores extracomunitarios, principalmente ante países como China y Estados Unidos, cuyos mercados bursátiles no se han visto tan afectados como es el caso de España.
Esta medida de gran necesidad solamente durará el tiempo que dure el coronavirus, es decir, es temporal. Cabe destacar que anteriormente en España había un mecanismo denominado de acción de oro, que servía para evitar que las empresas de nuestro país que fueran de sectores estratégicos pudieran quedar bajo el control de empresas extracomunitarias por el hecho de tener un menor valor en la Bolsa. Este mecanismo fue derogado a petición de Bruselas.
En el caso de que una empresa fuera de la Unión Europea quiera invertir, se requeriría una aprobación gubernamental para llevar la operación a cabo. Por ese motivo, en caso de que haya inversiones extranjeras que no tengan autorización, serán sancionadas, tal y como contempla el decreto, ya que se trataría de una infracción muy grave. Las sanciones comentadas “corresponderán al Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”.
Además, se ha concretado que «las operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización previa carecerán de validez y efectos jurídicos, en tanto no se produzca su legalización de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley».
Sectores estratégicos en los cuales se aplica la ley
En primer lugar, se aplicaría en las Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, por ejemplo, el caso de las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones o de defensa entre otros, incluyendo, además, terrenos y bienes inmuebles imprescindibles para el uso de esas infraestructuras.
También se incluyen las tecnologías críticas y productos de doble uso entre las que podemos destacar la robótica, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales o las tecnologías de defensa. Además, los suministros de insumos fundamentales como la energía o los que se refieren a materias primas, como la seguridad alimentaria.
Los medios de comunicación también se incluyen entre las empresas estratégicas, además de las empresas que incluyan datos altamente sensibles, como datos personales o la capacidad de control de esta información. A pesar de estas restricciones que hemos comentado que van a durar lo que dure el coronavirus, hay quien cree que en el mercado se están dando todos los elementos necesarios para que cuando la situación vuelva de nuevo a la normalidad, lleguen igualmente las denominadas OPAS (Ofertas Públicas de Adquisición) o las compras de paquetes accionariales de gran tamaño.